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¿Qué son los inquiokupas?
En los últimos años, el fenómeno de los inquiokupas ha generado gran preocupación en España, tanto para propietarios particulares como para el sector inmobiliario en general.
sin intención de cumplir con sus obligaciones contractuales ni abandonar el inmueble. Esto les diferencia de los okupas, que suelen entrar a viviendas deshabitadas sin ningún tipo de autorización o contrato. Por tanto, los inquiokupas tienen un título (contrato de arrendamiento) que les permite vivir en el inmueble y los okupas no.
Marco legal
El problema de los inquiokupas se enmarca en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Real Decreto-ley 7/2019, normativas que regulan el derecho a la vivienda y los contratos de arrendamiento en España. La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece las obligaciones tanto de los propietarios como de los inquilinos. Según la LAU, los inquilinos deben pagar puntualmente el alquiler, y el incumplimiento reiterado del pago da lugar a la posibilidad de rescindir el contrato. Sin embargo, aunque la ley parece clara, en la práctica, desalojar a un inquilino que no paga puede ser un proceso largo y complicado.
Una de las dificultades radica en el tiempo que tarda el proceso judicial para desalojar a estos inquilinos morosos. El propietario debe acudir a los tribunales y presentar una demanda de desahucio, lo cual puede dilatarse varios meses o incluso años, durante los cuales el inquilino continúa ocupando la vivienda sin pagar el alquiler, una deuda que se va acumulando. Esto genera una situación desesperante para muchos propietarios, quienes deben seguir afrontando los gastos del inmueble (como el pago de hipotecas o impuestos) mientras no reciben ingresos.
Real Decreto-ley 7/2019
Una de las normativas que más ha influido en la situación de los inquiokupas es el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Esta normativa fue promulgada con el objetivo de proteger a los inquilinos vulnerables y asegurar el acceso a la vivienda, especialmente en situaciones de riesgo de exclusión social. Entre sus medidas, se alargaron los plazos para el desahucio y se establecieron ciertos requisitos para que los propietarios puedan desalojar a un inquilino, particularmente en el caso de personas en situación de vulnerabilidad.
Aunque este decreto fue concebido para proteger a inquilinos que realmente necesitan ayuda, algunos críticos señalan que ha sido aprovechado por inquilinos malintencionados, que se amparan en los largos plazos y trámites judiciales para prolongar su estancia sin pagar. De hecho, bajo el paraguas de esta ley, los jueces deben determinar si los inquilinos pueden ser considerados "vulnerables" antes de ordenar el desalojo, lo cual añade más demoras al proceso.
"En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas"
Proceso de desahucio
Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler, estamos ante un incumplimiento contractual y el propietario del inmueble puede efectuar su desalojo a través de la vía judicial mediante la interposición de una demanda. El procedimiento generalmente incluye las siguientes etapas:
Reclamación del pago: El propietario debe reclamar al inquilino el pago de la renta adeudada antes de iniciar un proceso judicial. Si el inquilino no responde o no paga, entonces el propietario puede iniciar un procedimiento de desahucio.
Presentación de la demanda: El propietario presenta una demanda ante el juez, solicitando el desalojo del inquilino moroso.
Resolución judicial: Si el juez encuentra justificada la reclamación, dictará sentencia que, en caso de ser en favor del propietario, deberá establecer una fecha para el desalojo. Sin embargo, los plazos pueden dilatarse si el inquilino alega vulnerabilidad.
Desalojo efectivo: Tras la sentencia estimatoria, el juzgado emite una orden de desahucio, que puede tardar meses en ejecutarse, dependiendo de la saturación de los tribunales y otros factores.
Si estás afectado por esta situación, contacta con nosotros. Podemos ayudarte.
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