Prohibición de desahucios vulnerables

Una breve reflexión sobre la prórroga del Gobierno sobre la prohibición de desahucios a las familias vulnerables hasta 2025.

Pacto entre EH Bildu y el Gobierno

Recoge la noticia de elDiario.es "EH Bildu ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para incluir en el próximo decreto de ayudas anticrisis, que aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros, la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025."

Si acudimos al Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, en su exposición de motivos encontramos lo siguiente:

"En un contexto marcado por la declaración de un estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que ha sido prorrogado en virtud del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y que se enfrentan a situaciones en las que uno de los derechos básicos como es la vivienda, corre serio peligro"

"El primer motivo de urgencia y necesidad de las medidas deriva de la combinación de una situación sociosanitaria sin precedentes en nuestro país, que ha llevado a declarar el estado de alarma, y que ocasiona las más graves consecuencias en la salud de las personas, con la difícil situación económica y social por la que atraviesan un gran número de hogares, que pueden verse abocados a perder la vivienda en la que residen en el contexto de la pandemia, tratándose de una situación ante las que los poderes públicos deben actuar, activando todos los instrumentos de política social y de vivienda a su disposición"

Posteriormente, hace hincapié en la escasez del parque de vivienda social: "el parque de vivienda social en España es particularmente escaso, ofreciendo cobertura a menos del 2,5 % de los hogares, un porcentaje claramente insuficiente para que tenga capacidad de ofrecer soluciones rápidas a las situaciones de vulnerabilidad y tratándose de una realidad que se agrava en el actual contexto de crisis sanitaria"

"Se considera que dichas razones justifican sobradamente la aprobación de las medidas mediante real decreto-ley"

Parece obvio que la situación sociosanitaria en nuestro país ya no resulta ningún riesgo para la sociedad ni la economía. Sin embargo, según la fuente oficial de La Moncloa, la presente prórroga pactada con el grupo parlamentario EH Bildu obedece a la crisis que estamos padeciendo relacionada con la Guerra en Oriente Próximo y en Ucrania, pero ¿cómo afecta realmente el conflicto de Israel en la Franja de Gaza a nuestra economía? Esta pregunta se la realizaron el 15 de octubre de 2023 a un experto en La Cope y respondió esto:

"La pregunta es clara: ¿un español medio notará la guerra como hemos notado la guerra de Ucrania? Este experto lo tiene claro, "cuando ha habido conflictos en Oriente Medio ha habido incremento del petróleo y energía, y eso crea internacionalmente inflación, dependerá esta vez de si el conflicto escala o no, todos notarán una inflación más aguda de lo que estaba prevista" expresaba Gil Gidrón, uno de los impulsores de casi todos los acuerdos comerciales entre Israel y España."

¿El conflicto ha escalado en apenas dos meses y medio? Desde mi punto de vista, me atrevería a decir que simplemente se ha mantenido como para abordar esta guerra como una crisis en nuestro país, tal y como lo recoge el Gobierno. En cualquier caso, si en otras situaciones similares se ha producido un incremento del coste del petróleo y la energía, tendría sentido favorecer una ayuda concreta en estos sectores, pero encontramos todo lo contrario en el nuevo paquete de medidas anticrisis:

Así lo recoge El Diario "Dentro del nuevo paquete de medidas para aliviar el daño de la inflación, el Gobierno ha retirado una de las medidas más criticadas y, al mismo tiempo, más populares: el descuento general de 20 céntimos a los carburantes."

Pero, ¿y qué hay de la energía en este nuevo paquete de medidas anticrisis? Más de lo mismo, así lo relata RTVE:

"El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que se retirarán "de manera gradual" las bajadas de impuestos de la electricidad y el gas, como la reducción del IVA al 5%. 

En el caso de la electricidad, el IVA será del 10% durante todo 2024 (frente al 21% de antes de la crisis); el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) estará en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio.

En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se situará en el 10% durante los primeros tres meses de 2024 (hasta abril) y, por lo tanto, según ha precisado Sánchez, volverá a sus niveles normales (21%) "una vez pasado el periodo invernal". Sí se mantendrá al 10% para los combustibles de biomasa durante todo el ejercicio. Los suministros de calor seguirán esa misma pauta, dependiendo de su origen fósil o renovable."

Respecto a la escasez del parque de vivienda social que se recoge en la exposición de motivos del Real Decreto-ley, si acudimos al observatorio de vivienda asequible, obtenemos los siguientes datos:

Comparativa vivienda social España respecto a Europa

Sin embargo, encontramos dos noticias que deben ser expuestas a la par. Por un lado, fuentes oficiales del Gobierno nos muestra el interés del Ejecutivo en aumentar la construcción de viviendas sociales o precios asequibles, quien es el principal responsable de aumentar la inversión en este sector: "El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este miércoles la creación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como para mejorar el ya existente. Los fondos están vinculados a la Adenda del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea".

Por otro lado, la alegría se termina pronto si tenemos en cuenta que somos el quinto país de la Unión Europea con menor número de vivienda destinado a viviendas públicas. Así lo expone la noticia del periódico La Razón:

"Según el informe de “Acceso a la vivienda y las necesidades de alquiler asequible”, elaborado por la plataforma inmobiliaria Culmia en colaboración con GAD3, la producción de vivienda en España ha descendido un 86% con respecto a su máximo histórico de 2006, con 80.000 viviendas construidas. España es ya el quinto país de la UE con menor parque destinado a vivienda pública, lo que lo sitúa a la cola de Europa. Del conjunto de producción de vivienda, sólo el 10% corresponde a vivienda protegida, del cual la mayor parte (80%) proviene únicamente de la inversión privada."

Además de todo lo expuesto anteriormente, tenemos que tener en cuenta que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda entró en vigor el 26 de mayo de 2023 y en su propia exposición de motivos hace hincapié en lo ventajosa que es para los desahucios en situaciones de vulnerabilidad: "A través de la disposición final quinta se introducen importantes mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad, a través de una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil"

Por tanto, ¿está debidamente justificada la prórroga sobre la prohibición de los desahucios en caso de familias vulnerables? Desde mi punto de vista, no, puesto que hay otras opciones menos lesivas para los ciudadanos propietarios de alguna vivienda arrendada. Es cierto que debemos tener en cuenta que aquí se está haciendo una ponderación del Derecho a la propiedad privada (artículo 33 de la Constitución) y el Derecho a una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución), pero, en cualquier caso, a mi parecer no resultan justificadas estas medidas, pudiendo garantizarse ambos derechos constitucionales por otras vías.